El tribunal especial español está actuando como lo que siempre ha sido: un instrumento con el que intervenir en política "por otros medios". Con la sucesión a la vuelta de la esquina, toca reprimir y evaluar el terreno, para que alguien decida por nosotros, como siempre, adoptar las medidas que permitan a los capitalistas continuar en el lado bueno de la injusticia social.
Una vez más, el tribunal especial de Madrid ha emprendido acciones de odio político contra un ciudadano --esta vez catalán--, acusándole de injuriar la persona del dictador Borbón, por el hecho de expresar su disconformidad con la monocracia, mediante la quema pública de una fotografía del ciudadano Capeto. El lunes pasado declararon los dibujantes del periódico DEIA, a raíz de una viñeta de humor; y no hace un mes les tocó a los dibujantes de la revista EL JUEVES.
A la vista de estas cosas, uno se pregunta qué será lo siguiente: ¿Autos de fe en la plaza Mayor? ¿Acusaciones genéricas de antiespañolismo? ¿Represión del comunismo y la masonería? ¿Prohibición de las lenguas vernáculas y los credos infieles a Roma?
Por eso, no es de extrañar que sea precisamente la fiscalía del tribunal especial de Madrid, la Audiencia de los Nacionales --el nuevo Tribunal de Orden Público--, el instrumento elegido para llevar a cabo estas acciones de odio político, estas aberraciones contra Derecho: el caso del periódico DEIA, el caso de la revista EL JUEVES, el caso de Jaume Roure, etc.
La actuación de esta especie de Tribunal del Santo Oficio es triste, pero también clarificadora: nada es porque sí, todo acto obedece a una voluntad, nada es casual. "Papá Estado" está dando pasos. Están jugando al ajedrez con nosotros, y aunque somos peones, la partida está muy abierta, entre otras cosas, porque nosotros somos más.
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